Venezuela está pariendo una nueva República Luis Carvajal

Desde hace nueve meses cuando las enfermeras de este país protestaron por mejoras salariales por su trabajo; se le unieron el resto de los profesionales de la salud; y con ellos las demás especialidades que conforman el mundo cognitivo de una sociedad, los ingenieros, los abogados, los médicos, los maestros, periodistas, entre otras, por ello el régimen entreguista a la tiranía Cubana, recurrió al argumento pueril, vulgar, ramplón y chantajista, esbozado ahora de modo claro, por quien ha sido un “chulo”  generacional de la política en Venezuela, Aristóbulo Istúriz, quien  afirmó  a raíz  de la adecuación de las nuevas tablas y salarios a partir del “Factor de Corrección de La Convención Única de Los Trabajadores en el Ministerio del Trabajo, que los trabajadores de este país tenía que ganar igual salario, de decir, que según su “brillante” criterio, las tablas salariales del personal administrativo, obrero, jubilados y docente deben ser iguales, para no realizar una “discriminación contra ningún sector”.

Este nefasto personaje que representa la flagrante inequidad, no solo, viola la Constitución Nacional de la República, sino, que al violentar la norma, rompe con los pactos sociales que justamentante rigen la convivencia de una comunidad liberal entre iguales, que se construyó, sobre el entendimiento del mérito y el talento en su desenvolvimiento.

 Violenta el Artículo 3: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.”

 El Artículo 19: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.”

El Artículo 21: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:

  1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

Por ello todas las violaciones cometidas por este narco-régimen que impera hoy en Venezuela entraron en su fase terminal no sólo desde el momento

Por eso es necesario que la inédita situación jurídica que hoy se presenta en el país con respecto al vacío de poder, como consecuencia del haberse efectuado un proceso comicial sin que este hubiese cumplido con lo establecido en la Carta Magna; lo que ha originado que exista en la actualidad un único y legitimo poder público, que ha obligado al legislador a corregir, el camuflaje de un gazapo y la intromisión de un estado Comunista en nuestros país, no contemplado por el Constituyente del 99, que sirva para blindar y restituir el estado de derecho, por tanto el parlamento nacional ha creado y establecido tres premisas esenciales: Ley de Amnistía que protege a los funcionarios público, Gobierno de Transición Nacional y Elecciones Libres con nuevo Consejo Nacional electoral, todo ello basados en la vigente Constitución: Artículo 233, 234,350 y 70

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Artículo 70 : “Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto .

 

Antesalas necesarias para la transparencia

 

Pese a que en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, en las normativas vigentes se contabilizan 12 marcos legales que abordan el tema, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los códigos de Justicia Militar, de Ética del Periodista y de Procedimiento Civil.

Todas estas normativas legales, indican la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones y la obligación de dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos sobre información vinculada con la gestión y que de una u otra manera genere impacto en su calidad de vida.

Los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, son el pilar fundamental para la defensa del derecho de acceso a la información pública.  En el artículo 143 se expresa claramente que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones.

La carta Magna también señala que los ciudadanos podrán tener acceso a los registros y archivos administrativos sin prejuicios de los límites aceptables dentro de la sociedad democrática en materia de seguridad interior y exterior, si se considera que los datos solicitados afectan el desarrollo de una investigación penal o si vulnera la intimidad de la vida privada.

La Constitución también contempla que no se permitirá la censura de los funcionarios que informen sobre asuntos que están bajo su responsabilidad.

Asimismo, el artículo 141 precisa que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y el cumplimiento de sus funciones se basa en los principios de celeridad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

Dentro de la lista de instrumentos jurídicos que contemplan el derecho de acceso a la información pública, destaca la Ley orgánica de la Administración Pública.

Este instrumento legal, expresa en su artículo 51 que toda persona tiene derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, salvo las excepciones contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  que fueron mencionadas con anterioridad o la Ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.

De igual manera el artículo 158 de la Ley Orgánica de Administración Pública, obliga a la publicación periódica  de los documentos que están en poder de los despachos gubernamentales.

La Ley del Ejercicio del Periodismo, contemplada en la legislación venezolana, también significa un pilar importante para la defensa del derecho de acceso a la información pública.

El instrumento que regula la actuación de los comunicadores sociales señala en su artículo cinco, que el periodista es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado veraz e íntegramente y al mismo tiempo del derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas.

 

 

Te puede interesar

Cargando...
Compartir

Sé el primero en comentar en «Venezuela está pariendo una nueva República Luis Carvajal»

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*