Militares detenidos por rebelión del 30 de abril están desaparecidos

El Foro Penal exigió al gobierno de Nicolás Maduro que dé información a los familiares y abogados de los funcionarios que fueron apresados. El padre del teniente de la GNB, Rafael Antonio Villafranca López, no ha podido comunicarse con él ni verificar su estado de salud.

Caracas. Los cuerpos de seguridad se han negado a darles información a familiares y abogados de los militares detenidos. Desde el martes 30 de abril un grupo de funcionarios se encuentra desaparecido.

El papá de Rafael Antonio Villafranca, teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), supo de su hijo porque lo vio en un video dentro de una tanqueta. Se encontraba con varios funcionarios que repetían que habían sido engañados para participar en la rebelión cívico-militar.

Durante la madrugada del 30 de abril un grupo de militares presuntamente apoyó la rebelión liderada por el dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN) e interino de la República, Juan Guaidó, indicando que iniciaba la Operación Libertad. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que fueron engañados “por la derecha”.

Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, directivos del Foro Penal Venezolano, aseguraron que hay varios funcionarios detenidos por la rebelión cívico-militar, pero se desconoce dónde están. Después del 30-A fueron detenidas de manera arbitraria 270 personas en el contexto de las manifestaciones y han quedado privados formalmente 82.

Las leyes obligan a los cuerpos de seguridad, a fiscalía y tribunales a revelar dónde está una persona que ha sido arrestada, no se puede tener una persona sin contacto con los familiares o abogados. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y todos los que hayan participado, desde los que ejecutan las órdenes hasta los que las emiten, son directa y personalmente responsables por estos hechos, explicó Himiob.

Rafael Villafranca, padre del teniente Villafranca, no sabe de su paradero desde hace una semana. Y aunque acudió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, el jueves 2 de mayo —donde le informaron que se encontraba— no ha podido verlo.

Me dijeron que sí estaba pero no lo vi, no sé cómo está su estado de salud, nada, desconozco si está bien, entonces es lo mismo. El lunes le llevé ropa, pero no me dejaron pasarle agua porque supuestamente iba a salir a la audiencia. Fui hasta el tribunal militar pero ahí no me dieron información y fui al tribunal ordinario y tampoco, prácticamente fue un engaño, explicó.

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El joven de 25 años está destacado en el Comando de Seguridad Urbana 431 de La Rinconada y apoya al presidente Nicolás Maduro, según informó su papá, quien es militar retirado. De los cuatro hijos de Rafael (padre) tres han seguido sus pasos y se convirtieron en militares. “Yo quería que mis hijos fueran profesionales, no les obligué a ser militares, lo hicieron porque les gusta servir”.

El padre del funcionario exige que le den información acerca de su hijo y el motivo por el cual lo detuvieron, ya que asegura que no está involucrado en ninguna rebelión cívico-militar de la oposición. “Espero que esto se aclare”.

Alfredo Romero exigió que se respete el debido proceso de los militares detenidos. Recordó que se trata de desapariciones forzadas porque no comunican a donde la llevan y hasta los presentan en tribunales a escondidas.

Al menos tres de los sargentos detenidos el 21 de enero se encuentran aislados en Ramo Verde, la audiencia preliminar no la han cumplido, se está llevando la audiencia preliminar en vez de permitirles su derecho a la defensa.

Represión más violenta

Alfredo Romero explicó que el Foro Penal maneja que 3387 personas fueron detenidas con fines políticos, desde el 30 de abril hasta el 6 de mayo. Heridos de bala registraron más de 40 y lesionados —por diversas causas— al menos 300.

Varios de los heridos han sido citados a efectos de que declaren por las heridas, nuestra recomendación es que hagan la declaración, es importante que quede constancia de lo ocurrido y si el Cicpc está investigando es lo que deben hacer, sin embargo, que no pase como el caso de Armando Cañizales, asesinado en 2017, que hasta el momento no hay avances del caso, expresó Romero.

Gonzalo Himiob destacó que la represión ha sido mucho más cruda y violenta este año, pues en menos de seis meses ha aumentado a 700 el número de presos políticos.

Desde el 1° de enero hasta el 6 de mayo han ocurrido 2014 detenciones, y 1214 fueron excarceladas.800 personas siguen detenidas solo de arrestos de este año, 145 no han sido presentadas.

Zulia es el estado que reúne mayor cantidad de heridos y detenidos, seguido por Lara. “La participación de civiles portando armas con presencia de funcionarios ha sido lo común en estos estados”, dijo Himiob.

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