Las irregularidades que halló Transparencia Venezuela en el caso «Cucutazo»

  

Hallazgos: “Facturas duplicadas, transferencias bancarias sin indicar el titular de la cuenta, copias de facturas inteligibles, y facturas de hoteles”; también conflicto de intereses, “desorden y descoordinación”

Transparencia Internacional confirma que hubo inconsistencias en el manejo de fondos por parte de los enviados del presidente (e) Juan Guaidó en Cúcuta. (PanAm Post)

Tras una investigación, la ONG Transparencia Internacional Venezuela detectó irregularidades en el manejo de los recursos destinados a asistir a los militares desertores y sus familiares en Cúcuta, quiénes huyeron de la dictadura chavista el pasado 23 de febrero tras un llamado hecho por el presidente (e) Juan Guaidó.

A raíz del reportaje realizado por el coeditor en jefe del PanAm Post, Orlando Avendaño, titulado Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia, la ONG se dio a la tarea de emprender una investigación para confirmar o desmentir el artículo periodístico.

En sus conclusiones, Transparencia Venezuela confirma que hubo inconsistencias en el manejo de fondos por parte de los enviados del presidente Guaidó, quiénes eran los responsables de encargarse de la manutención temporal de los militares que llegaron a Cúcuta.

Transparencia Vzla

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Primer Informe | Veeduría de la denuncia sobre irregularidades del llamado caso Cúcuta

Veeduría de la denuncia sobre irregularidades del llamado caso Cúcuta

El reportaje de Avendaño señala que Kevin Rojas y Rossana Barrera inflaron el número de militares presentando una cifra de más de 1 450 funcionarios, cuando realmente eran cerca de 700. Resalta, además, que incurrieron en «Gastos de más de 3 000 000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche”, presentando facturas “extrañísimas” que no corresponden con la realidad.

Irregularidades descubiertas por la ONG

El informe de la ONG señala que en las denuncias presentadas ante la Fiscalía colombiana por el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, hay “importantes inconsistencias” en los recaudos presentados por Barrera para justificar los gastos desmedidos.

Para realizar el informe, la ONG se valió de entrevistas con los implicados, registró y sistematizó la información sobre este hecho publicada en reconocidos medios de comunicación. También acudió a registrar las declaraciones efectuadas por las autoridades competentes.

Adicionalmente, solicitó copias de facturas, pagos, soportes, informes de auditorías, denuncias formales relacionados con esta situación y realizó entrevistas a Calderón Berti y los dos funcionarios implicados. Quienes le informaron a la ONG que el dinero que está bajo investigación se recaudó tras donaciones de privados y fundaciones.

En el informe presentado por Transparencia Venezuela se señala que Kevin Rojas aseguró que estaban formalmente a cargo de 147 funcionarios, pero que a partir del 9 de marzo de 2019 «comenzaron a prestar asistencia a funcionarios y familiares a quienes ACNUR ya no podía ofrecer la manutención».

La ONG también afirma que aunque Barrera y Rojas aseguran haber entregado «informes pormenorizados» sobre los gastos y necesidades de los militares, los documentos «sellados, firmados y recibidos no fueron suministrados para esta veeduría».

Existen «facturas duplicadas, transferencias bancarias sin indicar el titular de la cuenta, copias de facturas inteligibles, y facturas de hoteles con indicación de pago que no están incluidas en la relación de gastos».

La investigación de Transparencia Venezuela reitera que aunque no se trata de fondos destinados a la ayuda humanitaria de los venezolanos en la frontera, sí se trata de dinero que tenía como destino ayudar a los militares que huyeron de la dictadura.

Uno de los argumentos presentados por el Gobierno interino de Juan Guaidó, su partido, militantes y los propios Rossana Barrera y Kevin Rojas para tratar de demeritar la investigación, fue que «los recursos utilizados para la asistencia a los militares no es dinero que forme parte del patrimonio público venezolano».

De hecho, el 17 de junio Guaidó dijo en un encuentro con la prensa que «el dinero no forma parte de los fondos donados por Gobiernos extranjeros, entes multilaterales, ni de fondos de cooperación para ayuda humanitaria».

«Frente a estos hechos», escribe Transparencia Internacional, «y las afirmaciones iniciales relativas a que el dinero no forma parte del patrimonio público, es necesario realizar las siguientes consideraciones».

«Es decir, todo recurso asignado a un funcionario adscrito a un órgano o entidad pública, para el desempeño de una función pública de interés para la nación, es dinero público y el mismo debe ser sometido a registro, verificación, evaluación y seguridad en las operaciones», se lee en el informe de la ONG.

El informe destaca, también, «discrepancias con respecto al pago de los hoteles y otros gastos», no obstante, como concluye en todo momento, la información «debe ser analizada por las autoridades colombianas».

   

El informe, asimismo, puntualiza que «es necesario dejar claro que, aunque las circunstancias en las que se presentaros los hechos son excepcionales, el desorden y la descoordinación observados atenta contra la transparencia en la gestión pública».

En el texto se habla de conflicto de intereses debido a que Rossana Barrera, la acusada directamente en la investigación de Avendaño, «es la cuñada del diputado del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha del presidente Juan Guaidó».

Con respecto a ello, Transparencia Internacional subraya que «las relaciones filiales afectan el desempeño de la función pública. No se puede permitir en conflicto de intereses, aún en las circunstancias más difíciles».

Varios de los documentos que se presentaron para justificar el manejo de recursos por parte de los enviados, estaban «sin firmas ni sellos ni fechas».

Transparencia Internacional si es tajante en declarar que, aunque el artículo habla de fondos «de la ayuda humanitaria», «no se ha conseguido información sobre la responsabilidad de las dos personas señaladas en este ámbito». Asimismo, en su cuenta de Twitter enfatizó que el PanAm Post cometió un error de «atribuir competencias sobre el manejo de la ayuda humanitaria a personas que solo tenían a su cargo asistencia a militares/policías». Con respecto a este punto, en varias entrevistas el periodista Avendaño hizo énfasis en que en su artículo jamás se refirió a que Barreras y Rojas manejaron alimentos donados por Estados sino que fue claro al señalar que «eran fondos destinados para la ayuda humanitaria». «Es decir, la asistencia a los militares», destacó.

«Si asistirlos no es ayuda humanitaria, ¿cómo le llamamos? ¿Caridad?», dijo en entrevista con la emisora radial Unión Radio.

El fundador del PanAm Post, Luis Henrique Ball, dijo en su cuenta de Twitter que, si bien Transparencia Internacional hizo un excelente trabajo y publicó un «magnífico informe», fue un error «no haber entrevistado a Orlando Avendaño ni haberlo buscado para conocer sus fuentes». Sobre todo si la ONG buscó contactar a todos los implicados para recopilar su testimonio.

Por último, el informe hace recomendaciones al Gobierno de Juan Guaidó:

Sin embargo, el trabajo de Transparencia Internacional no busca determinar qué fue realmente lo que ocurrió en Cúcuta con el manejo de la ayuda humanitaria, ya que «estas consideraciones se plantean a la espera de los resultados de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Colombia, que es el órgano competente para esclarecer y suministrar información verificada sobre estos hechos ocurridos en su territorio».

Luego de que la ONG emitiera el informe, el Gobierno de Guaidó «agradeció» la diligencia y asegura que «ningún insumo o recurso de la ayuda humanitaria ha sido afectado». «Asumimos las responsabilidades, recomendaciones y planteamientos de la investigación, que señalan la insuficiencia de criterios y procesos adecuados para el manejo de los recursos destinados a los militares y sus familias», se lee en el comunicado del presidente interino.

Centro de Comunicación Nacional

@Presidencia_VE

GOBIERNO LEGÍTIMO AGRADECE TRABAJO DE ONG TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PARA ESCLARECER DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EN TORNO A FONDOS DESTINADOS A MILITARES VENEZOLANOS EN CÚCUTA

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Aunque el Gobierno de Guaidó asegura que «ningún insumo o recurso de la ayuda humanitaria se vio afectado», queda establecido que el dinero estaba destinado para la ayuda de los militares; un fondo que finalmente sí habría sido malversado.

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Luis Antonio Carvajal Chacón

Licenciado en Comunicación Social
Universidad Cecilio Acosta del Zulia
Locutor y Moderador de Radio y Televisión en el Estado Sucre
CNP: 21.184
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Luis Antonio Carvajal Chacón
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