PJ advierte que Fondo de Litigios aprobado por la AN “se parece más a un presupuesto no sometido a controles”

   

Caracas, 30 de enero de 2020/.- Diputados del partido Primero Justicia (PJ) salvaron su voto sobre el Acuerdo que autoriza la creación de un Fondo Especial de Litigios, aprobado en sesión ordinaria el día martes 28 de enero, y argumentan que el “Articulo 36 del Estatuto que rige la transición a la democracia establece que los activos de la República recuperados por la actuación institucional de la AN no pueden ser dispuestos ni ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se confirme gobierno de Unidad Nacional”.

Igualmente, el Estatuto establece que “mientras persista la situación de usurpación PDV Holding y sus filiales no pueden realizar ningún tipo de pago o aporte a PDVSA”, indican.

“Excepcionalmente por vía de acuerdo parlamentario ante la
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, el Pleno de la AN puede
aprobar el uso de activos de la República. Dicho uso debe estar sometido a los principios
de honestidad, eficiencia y transparencia” aclara la fracción.

A su vez, recuerdan que “el año pasado se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de esos recursos destinando a la defensa de los derechos de la república con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos.”

Sin embargo, subrayan que “hasta la fecha no se han designado formalmente los miembros de la comisión técnica por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los 3.5 millones de dólares aprobados el 19 de noviembre”.

“Además aún no existe el soporte institucional que permita
la correcta ejecución de recursos públicos, la designación de un Contralor
Especial por parte de la AN es fundamental para lograr ese soporte
institucional”, añade PJ en su comunicado.

La fracción parlamentaria también argumenta que no “existe
estructurada la instancia de imputación del gasto público, tampoco los
mecanismos de funcionamiento de la tesorería, por lo cual no existen
condiciones mínimas que garanticen el uso transparente, eficiente y con
criterios de honestidad de los recursos públicos”.

De forma contundente, los parlamentarios de la tolda
amarilla consideran que, “estos 20 millones de dólares se parecen más a un
presupuesto no sometido a controles que a un Fondo Especial de Litigios en el
estricto sentido de su definición”.

  

“Finalmente, no son suficientemente conocidas las estrategias de defensa judicial de los activos de la República, así como los mecanismos de selección de abogados contratados por la Oficina del Procurador Especial”, sentencian en la misiva.

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