Renuncia José Ignacio Hernández el Procurador nombrado por Juan Guaidó

   

Procurador especial puso su cargo a disposición de Guaidó por desacuerdos en la oposición

José Ignacio Hernández explica que su decisión guarda relación con la polémica que despertó la aprobación del fondo especiald e litigios en la Asamblea Nacional para pagar honorarios profesionales en los casos judiciales en el extranjero

El ahora exprocurador especial de la República designado por el gobierno interino, José Ignacio Hernández, puso su cargo a disposición en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado, Juan Guaidó.

De acuerdo con el escrito, la decisión habría estado impulsada por la polémica aprobación del fondo especial de litigios, destinado a pagar los honorarios profesionales necesarios para atender los casos de reclamaciones de inversores sobre activos venezolanos en el exterior.

A pesar de que el acuerdo fue aprobado, Guaidó encontró resistencia por parte de fracciones de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática; mientras que el parlamentario aliado del chavismo que se asume como presidente del Parlamento, Luis Parra, declaró que la oposición debe rendir cuentas por el dinero aprobado a través del fondo de litigios, cuyo límite máximo aumentó de $2 millones a $20 millones.

En este sentido, Hernández explica en su carta que decidió no ejecutar ningún pago basado en el acuerdo recién aprobado hasta tanto no exista consenso político y poner a disposición de Guaidó su cargo en caso de que solucione las “desaveniencias” que se han creado a raíz de la decisión que tomó la Asamblea Nacional.

“Hasta tanto no se genere una decisión política con el consenso deseado, no tramite el pago de honorarios profesionales con base en el Acuerdo del 28 de enero, todo lo cual eleva considerablemente el riesgo de los activos en el extranjero. Asímismo y para facilitar los consensos necesarios para avanzar en esta acción, pongo a su disposición el cargo de Procurador Especial de la República”, remarcó.

Aclaró, sin embargo, que poner su cargo a la orden no implica una renuncia, pues será Guaidó quien deba tomar la decisión final.

Advirtió que el acuerdo político es necesario porque la ausencia del mismo podría comprometer su responsabilidad jurídica y la de los miembros que conforman las juntas ad-hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Banco Central de Venezuela (BCV).

“Las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleadas para investigaciones relacionadas con el patrimonio público, lo que puede eventualmente comprometer mi responsabilidad penal y la de los miembros de las juntas ad-hoc de PDVSA y del BCV que ordenan ese pago”, expuso.

Además explicó las limitaciones que padece en su cargo ante la falta de condiciones de gobernanza para tomar decisiones y ejecutar gastos, sometidos a los respectivos controles y bajo el principio de rendición de cuentas.

Hernández argumenta que la falta de gobernanza se debe principalmente a que no se ha logrado un consenso político para crear un marco en el que pueda desempeñar sus funciones al mando de la Procuraduría, lo que ha generado un panorama adverso en diversas disputas judiciales que se mantienen en suelo extranjero.

“Este retraso obstaculizó la defensa de los intereses del Estado, creó riesgos innecesarios en la protección de activos del Estado y creó innecesarias ventajas a los abogados de los acreedores y del régimen de Nicolás Maduro, quienes no se enfrentaron a las limitaciones que he tenido que afrontar”, reclamó.

También lamentó que, pese a sus reiteradas explicaciones sobre la necesidad de la asignación de dinero mediante el fondo de litigios, su aprobación haya arrojado “inmerecidas sombras de sospecha” sobre su gestión.

TalCual

PJ pide a Guaidó suspender pago de $20 millones aduciendo «falta de mecanismos de contraloría»

  

Primero Justicia explicó este miércoles por qué salvó su voto en la sesión de la Asamblea Nacional que aprobó la ejecución de $20 millones del Fondo Especial de Litigios para el pago de «deudas y gastos de juicios en relación con la defensa de activos en el exterior».

Este monto cubre los gastos de los bufetes de abogados que participaron en los casos.

Según el Estatuto – argumenta PJ en Twitter – dichos recursos no pueden ser ejecutados hasta no lograr «el cese de usurpación y se conforme un gobierno de unidad Nacional. Igualmente el artículo 34, numeral 3, literal b del mencionado Estatuto establece que mientras persista la situación de usurpación PDV Holding y sus filiales no pueden realizar ningún tipo de pago o aporte a PDVSA. Excepcionalmente por vía de acuerdo parlamentario ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, el pleno de la AN puede aprobar el uso de activos de la República. Dicho uso debe estar sometido a los principios de honestidad, eficiencia y transparencia».

PJ recordó que el año pasado «se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de recursos destinados a la defensa de los derechos de la República con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos».

«Desde el 23 de enero del 2019 Primero Justicia ha liderado y respaldado la defensa de los activos de la República y nuestra Fracción Parlamentaria asume de manera realista que dichos recursos son necesarios para la defensa de nuestros activos», destacan.

Pero, alega el partido amarillo, no se han designado los miembros de la comisión técnica, «por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los 3.5 millones de $ aprobados el 19 de noviembre».

«Además aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos, la designación de un Contralor Especial por parte de la AN es fundamental para lograr ese soporte institucional».

«Tampoco existe estructurada la instancia de imputación del gasto público. Tampoco los mecanismos de funcionamiento de la tesorería. Por lo cual no existen condiciones mínimas que garanticen el uso transparente, eficiente y con criterios de honestidad de los recursos públicos», argumenta la tolda amarilla.

PJ concluye que pareciese que esos 20 millones de dólares «se parecen más a un presupuesto no sometido a controles que a un Fondo Especial de Litigios en el estricto sentido de su definición».

«Finalmente no son suficientemente conocidas las estrategias de defensa judicial de los activos de la República, así como los mecanismos de selección de abogados contratados por la Oficina del Procurador Especial», agregan.

Por último PJ reiteró que su fracción parlamentaria seguirá luchando por rescatar y proteger los activos de la República, «pero en las condiciones de transparencia y rendición de cuentas que demandan la gravedad del momento y el interés supremo de la liberación del pueblo de Venezuela. Por lo tanto, ciudadano presidente, hacemos de su conocimiento nuestras motivaciones y apostamos a que la ejecución de los recursos del Fondo Especial de Litigios sea suspendida hasta no creen mejores condiciones de contraloría institucional para ello».

Noticiero Digital

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